Este mes de octubre se cumplieron 20 años de la sanción de
la ley 1600/00 contra la violencia doméstica, la primera ley que explicita la
protección hacia “toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos
o sexuales por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar”. En el
año 2000, existían algunas leyes que reconocían el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, como la Ley N° 45/91 de divorcio (que incluía entre
las causales del divorcio los malos tratos y “el atentado de uno de los
cónyuges contra la vida del otro”), y la Ley N° 1/92 de Reforma Parcial del
Código Civil (que consagra la igualdad entre los cónyuges respecto a la
administración de bienes y el reconocimiento de la unión de hecho o
concubinato, además de derogar artículos discriminatorios contra las mujeres),
pero no existía una ley específica que reconociera la violencia ejercida contra
las mujeres en el ámbito familiar. Se trataba de una gran deuda del Estado paraguayo para con las mujeres. La ley 1600 incorporó por primera vez el
reconocimiento de la violencia psíquica y sexual, establecía la exclusión del denunciado
del hogar y garantizaba la atención rápida, gratuita y personalizada de la
víctima.
“Fue una ley muy conversada, muy participativa”, explica Clara Rosa Gagliardone, abogada y proyectista de la ley. Desde la Coordinación de Mujeres del Paraguay, la principal organización impulsora de la ley, se organizaron encuentros y reuniones, se establecieron instancias de diálogo con referentes, mujeres de organizaciones y comités, empleadas domésticas, y el borrador de la ley fue tomando forma. Clara Rosa recuerda: “Sabíamos que iba a ser muy difícil. Hice versiones nombrar la ley: violencia doméstica y violencia doméstica hacia la mujer. Cuando se presentó el anteproyecto con la denominación de violencia contra la mujer, nos dijeron que estábamos locas para presentar algo así, pese a que estaba basada en la Ley N° 605/95 de la Convención de Belém do Pará que llama a “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, a la cual describe como una violación de los DDHH. Entonces, luego de debatir y dialogar, finalmente quedó violencia doméstica.” Otro cuestionamiento recibido fue le cuestión de la verosimilitud: exigían la mujer debía probar que el hecho era verosímil para que le tomaran la denuncia. “Si me asaltan en la calle y no tengo cómo probarlo, no me dicen que no me pueden tomar la denuncia, entonces esa fue una palabra muy discutida”, reflexiona Clara Rosa. “Fue como todas las cosas de las mujeres, todo lo que tenga que ver con los derechos de las mujeres siempre es resistido”. Clara Rosa afirma que algunos hombres utilizaron la ley, pero que la gran mayoría fueron mujeres.
El intenso trabajo de lobby realizado dio sus frutos: “firmaron
todas las mujeres que en ese momento formaban parte del Congreso”. Luego de ser
aprobada en ambas cámaras, la ley se sancionó el 6 de octubre del año
2000. Hoy es una de las leyes que más se usa en los Juzgados de Paz.
Con la aprobación, el primer paso estaba dado. Lo siguiente
era dar a conocer la ley para asegurar su correcta implementación. “Una ley
puede ser la mejor del mundo, pero no funciona si no es comprendida y asimilada”,
no sólo por las propias mujeres que pueden protegerse con ella sino por las
autoridades encargadas de implementarla. Clara Rosa explica: “cuando salió la
ley, con otras compañeras recorrimos todo el Paraguay para explicarla, para que
se interprete de forma correcta. Allí es cuando entró la Red CIDEM”.
La Red CIDEM (Centros de Iniciativas de Desarrollo para la
Mujer) fue un proyecto financiado por la Unión Europea, y era codirigido desde
España y Paraguay. Se crearon un total de nueve centros en todo el país, y
entre sus ejes de trabajo se encontraban la divulgación de la Ley 1600, la
capacitación en salud sexual y reproductiva, el desarrollo de proyectos
sociales y la formación en género. Isolina Centeno, integrante de Kuña Róga,
coordinó en aquella época el centro ubicado en Itapúa, el último en abrirse a
nivel país. Con un pequeño equipo, viajaban por todo el departamento. “Trabajábamos
con la Gobernación de Itapúa, las secretarías de la mujer y el Ministerio de la
Mujer, en ese entonces presidido por Cristina Muñoz”, explica Isolina. “Las
mujeres recibían bien las capacitaciones, les gustaba. Era bien aceptada la
perspectiva de género, no era rechazada como sucede ahora por la información
falsa y el lobby de los grupos anti derechos”. Desde la red trabajaron con
docentes, promovieron el acceso de las mujeres a controles de salud y coordinaron
con otras organizaciones locales, como APSECART (Asociación Paraguaya Sureña de Creación Artística). En Itapúa, la Red CIDEM
realizó el seguimiento de la aplicación de la Ley 1600 en trece Juzgados de
Paz, creó la Oficina de Asesoría y Orientación Psicológica para mujeres
víctimas de violencia doméstica, ofreció jornadas de formación sobre la
aplicación de la ley a intendentes, jueces y juezas, y formó a 34 promotoras de
lucha contra la violencia en los distritos del nordeste.
“La Ley 1600 sirvió para abrir el camino hacia la ley
5777/16 de protección integral a la mujer contra toda forma de violencia, que
incluye diferentes formas de violencia y reconoce la figura del feminicidio”,
explica Clara Rosa. “La 1600 fue una conquista de las mujeres, de todas las
mujeres que se involucraron y participaron en el proceso”. Gracias a esta ley,
la violencia contra las mujeres dejó de ser considerada un asunto privado y se
convirtió en un tema de interés público que implica la responsabilidad del
Estado y el involucramiento de toda la sociedad para prevenirla, reconocerla,
denunciarla y erradicarla.
Veinte años después, sin duda hay numerosos avances legislativos destinados a promover la igualdad y el bienestar de las mujeres. Sin embargo, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema estructural que nos afecta en todo tipo de ámbitos, y no solo en el doméstico: en la política, en lo laboral, en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera. La violencia machista tiene un origen cultural, y el desafío para toda la sociedad es continuar deconstruyendo las nociones que la normalizan y perpetúan. Desde Sumamos Mujeres y Kuña Róga continuaremos exigiendo al Estado políticas públicas y mecanismos de control y protección eficaces, que garanticen a todas las mujeres paraguayas el derecho a vivir una vida libre de violencia.
 |
| Imagen de archivo: La ley 1600 es aprobada unánimemente en la Cámara de Senadores |
Redacción: Julieta Gamarra - Sumamos Mujeres
Comentarios
Publicar un comentario